Regalo navideño: dos gobers al bote; Guillermo Padrés y Rodrigo Medina

1Por: ANABELLA PEZET/Excelsior
Funcionarios del SAT y de la PGR trabajan para recopilar toda la información pertinente del caso del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, a quien podrían estarle girando una orden de aprehensión en los próximos días. Están investigando todo: a sus familiares, sus cuentas, propiedades, negocios, posibles socios, aquí en México, como en el extranjero. El asunto va en serio.
Por su parte, la gobernadora de aquella entidad, Claudia Pavlovich ha creado la Fiscalía Anticorrupción, para investigar todas las posibles anomalías que dejó el ex gobernador panista a su paso por la entidad que deja una deuda adquirida de 10 mil millones de pesos, así como el no pago de cuentas a proveedores por un monto aproximado de seis mil 200 millones de pesos, por lo que se calcula que la deuda total ronda alrededor de los 17 mil millones de pesos.
Apenas el pasado 20 de noviembre, Pavlovich señaló que no hay duda de que se debe proceder penalmente contra Padrés, luego de que el SAT comprobó también diversas irregularidades que han generado un impacto fiscal a la Federación por mil 705 millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas y comprobadas aparecieron diversas condonaciones de impuestos a más de 150 contribuyentes entre los que destacan políticos, empresarios y familiares cercanos al ex gobernador. Entre los políticos cercanos beneficiados se encuentran Javier Gándara Magaña, el ex candidato panista a la gubernatura; Ramón Corral Ávila, ex dirigente del PAN en el estado; Luis Erasmo Terán Balaguer, ex titular de la Oficina del Estado; Agustín Rodríguez Torres, ex secretario particular y actual diputado federal.
Aparecen en la lista también familiares beneficiados como el propio hermano del ex gobernador, Miguel Padrés Elías, y su hijo Guillermo Padrés Dagnino. Ambos involucrados en diversos escándalos de corrupción, el primero en el supuesto soborno del empresario Mario Aguirre que le entregó 3.3 millones de dólares a cambio de un contrato de 800 millones de pesos para confeccionar uniformes escolares, como lo habría revelado The Wall Street Journal. De acuerdo con información de este diario, el hermano de Padrés, habría transferido más de 6 millones de dólares a diversas cuentas en los Estados Unidos a nombre de empresas fantasmas creadas con sede en Holanda, cuyo único beneficiario supuestamente es él mismo.
El segundo, su hijo, es propietario de la empresa Rancho Pozo Nuevo, que posee la propiedad de un rancho de la familia en cuyo predio se construyó una presa ilegal valorada en más de 10 millones de pesos.
Derivado del mal manejo fiscal de la entidad, la dependencia comandada por Aristóteles Núñez, en un caso inédito, decidió tomar el control de la vigilancia de los impuestos federales en el estado hasta el próximo 31 de diciembre, e interponer, hasta este momento una denuncia administrativa y penal ante la Contraloría General y la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, respectivamente, contra funcionarios de la Dirección General de Auditoría Fiscal.
En septiembre pasado, también el contralor de Sonora Miguel Ángel Murillo denunció el quebranto patrimonial de 4 mil 192 millones de pesos en obras públicas durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. En la instalación del llamado “Gabinete de innovación, eficiente y honesto”, el fiscal estatal reveló que el faltante económico se derivó de 503 observaciones documentadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). Se refiere a obras licitadas en las que se entregaron avances económicos para su inicio y no hay resultados; construcciones inconclusas, doble pago a proveedores por un mismo contrato, así como recursos ejercidos sin respaldo documental.
A estos faltantes y observaciones contra el gobierno de Guillermo Padrés, se suman acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En mayo pasado, el PRI estatal lo acusó a través de un desplegado nacional de haber invertido 156 millones de pesos en una mansión que le serviría de retiro y en 120 caballos de pura sangre, hannoverianos y cuarto de milla.
En esa misma época, circuló por las redes sociales un video donde se exhibe un terreno con playa privada en el exclusivo destino turístico de San Carlos, en Guaymas, que presuntamente pertenece al ex gobernador panista y su familia. Dicho terreno lo ubican en el lujoso fraccionamiento Vista Real, cuyo precio de operación se calcula alrededor de los 7.5 millones de dólares. El video también hace alusión a los presuntos actos de corrupción de Miguel Padrés y del cuñado del ex gobernador Roberto Dagnino.
A los escándalos de corrupción se suma uno más que es la reciente denuncia penal que presentó en contra de Guillermo Padrés y 20 ex funcionarios de la pasada administración, la trabajadora doméstica Gisela Peraza Villa, quien tras nueve años de laborar para la familia Padrés-Dagnino, fue acusada de robar cinco millones de pesos y joyas de la casa de gobierno. Peraza fue atrapada por más de 50 policías, torturada y encarcelada por más de 4 años, hasta que después del proceso electoral de junio pasado pudo obtener su libertad. Hoy la afectada busca que le reparen el daño del que fue víctima.
Todos estos antecedentes han llevado el caso Padrés dentro del ojo del huracán del panismo nacional. Recientemente su líder nacional, Ricardo Anaya, creó la comisión Anticorrupción que preside Luis Felipe Bravo Mena. El ex Presidente Felipe Calderón ha declarado que si hay “dudas” sobre la gestión de Padrés, debe esclarecerse, y es ahí dentro de esa comisión donde se deben de retomar todos los asuntos donde se cuestione la honestidad de cualquiera de sus militantes. Sin embargo, en dicha comisión no han hecho prácticamente nada, y en cambio, correligionarios sonorenses como el senador panista Héctor Larios, acusan un linchamiento del gobierno. Veremos en los próximos días qué tanto seguirá el PAN protegiendo a Padrés, o de plano lo echará de sus filas y lo entregará a su verdugo.
Lo cierto es que el ex gobernador albiazul no la tiene nada fácil y su futuro se deslumbra bastante negro. De hecho, el ex mandatario ha buscado ya la protección de la justicia, presentando a mediados de octubre un amparo en contra de la PGR por el acto donde se le acusa de utilizar recursos ilícitos en la construcción de una presa en el rancho de su propiedad. Sin embargo, el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal le ha negado la suspensión provisional del acto reclamado. La PGR, por su parte, a través de la Unidad Especializada de Análisis Financiero sigue haciendo su tarea, hasta conformar un expediente sólido que lo someta a juicio.
Quien también se encuentra en la cuerda floja es el ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. A diferencia de Guillermo Padrés, Medina cuenta con la protección del gobierno federal, además de tener una muy cercana amistad con el Presidente Enrique Peña.
En este caso es el gobierno estatal encabezado por “El Bronco” y la ciudadanía quienes recaban toda la información para fincarle responsabilidades. Jaime Rodríguez carga en su espalda la petición de diversos sectores de la sociedad y en especial de los votantes que lo eligieron, de llevar ante la justicia al ex gobernador priista, Rodrigo Medina.
Medina creció la deuda estatal en 66 mil millones de pesos. Asimismo, escondió un adeudo con diversos proveedores de más de 700 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios a los Trabajadores (ISSSTELEON).
En un artículo publicado por el periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero, el pasado 23 de junio, señala que “todo empezó en 2005. El 12 de septiembre, para ser exactos, cuando Alejandro Medina, hermano del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, constituyó River States, una pequeña empresa en San Antonio, con un capital de 10 mil dólares en una casa humilde.” Para 2007, la familia Medina, conformada por Rodrigo, su hermano y su padre, Humberto Medina Ainslie, construían ya un imperio inmobiliario. De acuerdo con el autor, el negocio creció con la alianza del ex gobernador de San Antonio, Henry Cisneros, que después fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el gobierno del presidente Bill Clinton. En mayo de este año, el periódico Reforma publicó unos audios donde se escucha al padre de Rodrigo Medina, y eje central de todo este entramado de corrupción, dando órdenes a funcionarios estatales. Entre los pasillos leoneses se comenta que Medina Ainslie era quien realmente controlaba los dineros a través de la Tesorería estatal y el propio Gabinete.
El escándalo del imperio inmobiliario de la familia Medina fue detonado a la prensa en pleno proceso electoral de 2015 por Aldo Fasci, ex líder local del PRI, ex subprocurador del gobierno de Natividad González Parás, y ex Secretario de Seguridad Pública. En una entrevista para La Jornada, Fasci declaró que “hasta ahorita lo que podemos cuantificar son mil millones de pesos (de fortuna), que incluyen 110 propiedades en San Antonio, Texas, las empresas en Islas Caimán, los ejidos en tres municipios, la casa de Las Misiones y las seis propiedades en San Pedro”. Declaró que estaba integrando los expedientes para presentar una denuncia penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, incluso aseguró que presentarían la misma denuncia en los Estados Unidos, donde seguramente Medina no escaparía de la justicia.

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