Politica Regional

1El sexenio de Guillermo Padrés: desfalco millonario y corrupción desmedida en Comunicación Social. La extinta Secretaría de Comunicación Social del Gobierno del Estado se convirtió durante el sexenio en una cloaca de irregularidades, corrupción y desvío de millones de pesos, dejando de lado prácticamente desde los primeros pasos de la administración estatal su función de comunicar los logros gubernamentales, trazar las adecuadas estrategias comunicativas y evitar los riesgos derivados de esta función… La secretaría de Hacienda, encabezada por Alejandro López Caballero y pronto secundada por Carlos Villalobos Organista, era siempre la encargada de liberar los montos necesarios para pagar las millonarias facturas a través de su tesorería, cuyo titular era Mario Cuen Aranda. Desde allí se daban curso a las facturas y se liberaban los recursos necesarios para pagar a medios “reales”

Bajo la tutela del secretario Jorge Morales Borbón, se operó una entramada red de facturaciones falsas, alianzas empresariales que ayudaran a cubrir el fraude y medios de comunicación “fantasmas” creados ex profeso para sacar la mayor “raja” económica de una secretaría que dejó una deuda multimillonaria que sólo en los casos documentados llega a 167 millones de pesos, pero ya que se operó para destruir la mayoría de contratos y facturas podría superar los 300 millones, versión que concuerda con la información de medios nacionales a los que se les dejaron ingentes cantidades sin abonar.
Según los datos recogidos y analizados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), la Cuenta Pública 2014 presentó un total de más de 300 millones de pesos ejercidos en Comunicación Social en ese año, cuando lo presupuestado eran 45 millones, lo que representó un sobregiro de más del 600 por ciento.
En cuanto al presente año 2015 y hasta septiembre cuando se dio el cambio de gobierno, Comunicación Social había ejercido 293 millones de pesos, en contraste con un presupuesto que era de 47 millones para todo el año. A esta cantidad hay que sumarle la deuda ya mencionada de 167 millones de pesos, lo que hace un total de casi 500 millones de pesos gastados en un año electoral (siendo además este año el de mayor contratación de todo el sexenio), donde cabe mencionar que la difusión gubernamental fue restringida desde mayo hasta el 8 de junio, concluida ya la jornada electoral. Este despilfarro de recursos del Gobierno del Estado lleva directamente a señalar que gran parte del millonario financiamiento del candidato panista, Javier Gándara Magaña, partió de las oficinas de gobierno.
Fuentes internas del área administrativa de Comunicación Social, que prefirieron permanecer en el anonimato por miedo a venganzas, confirmaron que la forma en la que operaba esta secretaría se había convertido puramente en un negocio personal, en el que se hacía manejo discrecional de millones de pesos del erario público en beneficio principalmente del secretario Jorge Morales Borbón.
MORALES PEDÍA “MOCHADAS” MILLONARIAS Y CREÓ MEDIOS “PATITO”
El modus operandi del desfalco fue el siguiente: mediante convenios publicitarios que el Gobierno del Estado realizaba con medios de comunicación se comprometía la totalidad del presupuesto. En el 2009, la estafa consistió en inflar estos convenios al doble o triple del valor comercial de las publicidades otorgadas, a cambio de significativas “mochadas” que se embolsaba Morales Borbón de hasta el 50% de los montos que los complacientes medios cobraban.
Así, en 2009 se hicieron 170 convenios publicitarios, en muchos casos con medios de comunicación seriamente establecidos que se prestaron al desfalco público con facturaciones millonarias.
Para 2011, con tan sólo dos años de administración recorridos, saltó la liebre y asesores cercanos al gobernador Padrés advirtieron del agujero financiero y pésima cobertura mediática que la ambición del secretario en turno estaba creando.
Así, el Ejecutivo comenzó a supervisar más de cerca los montos facturados. A partir de entonces, Morales Borbón cambió su estrategia y para este 2011 ya había más de 300 medios en la nómina. ¿Cómo creció la facturación de 170 a 300 medios? Con aperturas ficticias de medios “patito”, la mayoría bajo dominios web .com, a los que les resultaba fácil y barato justificar cualquier campaña publicitaria publicada.
La secretaría de Hacienda, encabezada por Alejandro López Caballero y pronto secundada por Carlos Villalobos Organista, era siempre la encargada de liberar los montos necesarios para pagar las millonarias facturas a través de su tesorería, cuyo titular era Mario Cuen Aranda. Desde allí se daban curso a las facturas y se liberaban los recursos necesarios para pagar a medios “reales”. En el último paso administrativo para sus cobros, cuando ya se habían generado las órdenes de pago (OP), éstas se cambiaban a otras facturas a nombre de estos medios “patito”, que iban directamente a la bolsa del secretario de Comunicación Social y un puñado de socios que le cubrían las espaldas.
En el 2012 y al calor de la época electoral, operadores del Gobierno del Estado bajo el mandato del propio Jorge Morales, recorrieron el estado para cerrar acuerdos millonarios, todavía más inflados con los principales medios de la entidad, con la finalidad que éstos operaran a favor de ciertos candidatos de Acción Nacional. Esto aseguraría la continuidad y encubrimiento de los muchos negocios mal habidos que la administración estatal había iniciado, no sólo en Comunicación Social, sino desde las secretarías de Salud, Educación de Gobierno, entre otras.
Estos nuevos acuerdos llegaron a multiplicar por cinco las cantidades facturadas por los medios en cuestión.
Todo fue un engaño, tras perder el PAN muchas posiciones en aquellas elecciones y con la reconducción presupuestal, se dejó de abonar al 90% de los medios que entonces facturaban al Gobierno del Estado.
Poco después de la derrota electoral de 2012, el gobernador Guillermo Padrés tomó decisiones drásticas en materia de comunicación. La imagen del Ejecutivo se había visto tan deteriorada, que decidió encargar las tareas de comunicación al secretario de Imagen Institucional, Javier Alcaraz y Jorge Morales sin dejar su puesto en Comunicación Social, tomó a efectos prácticos la dirección de Telemax.
Las oficinas de Comunicación Social bajo la tutela de Cecilia Zárate Ibarra, quien no era más que un peón de Morales Borbón, solicitó a partir de enero de 2013 la refacturación de miles de facturas impagadas en el ejercicio anterior y recibió éstas nuevas sin devolver contra facturas, testigos, ni recibos a las empresas de comunicación emisoras. Esto dejó en un vacío legal a los medios y permitió a la secretaría trabajar a discreción con estas facturas manipulando pagos a voluntad, que nunca llegabana los destinatarios.
Escarmentados, para 2015 tan sólo 70 medios de comunicación facturaban servicios al Gobierno del Estado. De enero a septiembre de este año se facturaron 293 millones de pesos, de los cuales se quedaron debiendo 167 millones, una deuda además concentrada en 18 proveedores únicamente.
MANDARON CLASIFICAR CONTRATOS COMO EXPEDIENTES SECRETOS
A través de una petición de acceso a la información pública al área de trasparencia informativa, un ciudadano solicitó los montos contratados a ciertos medios de Sonora. El secretario Jorge Morales al verse entre la espada y la pared, para no revelar datos que descubrieran el robo a manos llenas, encontró como argucia legal el mandar clasificar como “secretos” diversos expedientes, con el argumento que “dicha información ponía en riesgo la seguridad del estado”. Pero tras presentar una denuncia ante el Instituto de Trasparencia Informativa del Estado de Sonora, en días recientes se ha dado curso a la apertura de estos expedientes, que la administración de la actual coordinación de Comunicación Social deberá entregar al propio ITIES.
OPERADORES DE MORALES SIGUEN MANIOBRANDO DESDE COMUNICACIÓN SOCIAL
Para cuidarse las espaldas y pensando ya en su salida de la administración pública, el secretario Morales Borbón consiguió plaza de base a 18 trabajadores administrativos de la secretearía que trabajan en el segundo piso del edificio que se alza a un lateral del palacio de gobierno en Hermosillo. Actualmente 10 de estos trabajadores laboran en sus puestos y hacen, en su mayoría, un trabajo de espionaje hacia la actual administración. A modo de ejemplo, la mujer que realiza la limpieza de las oficinas de nombre Georgina Urbina, fue sindicalizada y basificada en junio de 2015. El nexo con Jorge Morales no es otro que el hecho que esta buena trabajadora labora también por las tardes en casa del ex secretario y comenta que el ex funcionario no le paga un peso por ello, pues se jacta que bastante “favorcito” le hizo basificándola.
Otro de los casos que todavía unen a Morales con la secretaría es el trabajador que usó de chofer durante buena parte del sexenio, el señor César Celaya, quien desde el 14 de septiembre pidió la incapacidad médica en el gobierno estatal, por una supuesta lesión en un pie. Hasta en cuatro ocasiones ha renovado esta incapacidad, con el resultado de no haber trabajado ni un día de la actual administración. Eso sí, disfrutando del sueldo como trabajador del estado, labora como chofer de la familia de Jorge Morales diariamente.
Otros de los “beneficiados” que continúan devolviendo los favores prestados al bueno de Morales Borbón, han sido varios trabajadores de un conocido periódico de tirada estatal con sede en Hermosillo. Así, es habitual ver trabajadores con vehículos oficiales de este periódico acudiendo al domicilio del ex secretario para realizar trabajos dispares. Los últimos que personal del medio realizaron en este lujoso domicilio fueron de pintura o impermeabilización, labores que poco y nada tienen que ver con el giro de esta empresa.

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