Madre de huatabampense encarcelada, reta al gobernador a que libere a su hija y le dé la cara

8* Piden liberación de Gisela Pereza ex empleada doméstica de Guillermo Padrés quien fue encarcelada injustamente: Dice su mamá Eloisa Villa Luna

Hermosillo, Sonora (DP).- La joven Gisela Peraza Villa saldría libre el martes pero las autoridades del Sistema Estatal Penitenciario ahora salieron con que le encontraron droga en su celda, por lo que ahora se le complica su situación legal y se cumplirá la advertencia de que “no saldrá libre hasta que se vaya el gobernador de Sonora “Guillermo Padrés Elías”.
Indignación en las redes sociales recorrió luego de saberse por medio del abogado y la madre de la ex trabajadora doméstica del gobernador Padrés, que se encontraba lista al cumplir la condena impuesta por el juez por supuestamente ser parte de un robo en la Casa de Gobierno junto a un sobrino del propio secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacio.
A las 12 de mediodía la familia de la joven oriunda de Guadalupe de Ures junto al abogado, ofrecería una conferencia de prensa para denuncia por fuera de Palacio de Gobierno esta práctica que se le atribuye al Gobierno de Guillermo Padrés Elías.
El 11 de noviembre del 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 54/2013, dirigida al Gobierno del Estado de Sonora por el caso de Gisela Peraza, la trabajadora doméstica que fue acusada de robo en la Casa de Gobierno y que fue torturada por agentes de la PEI y cabe resaltar por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y torturado.
Mediante un comunicado emitido por la CNDH se informó que “la mujer que laboraba como ama de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y retención arbitraria, por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía Estatal Investigadora.
El organismo asegura que Gisela Peraza “fue acusada de haber robado una maleta con dinero, razón por la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”.
Asimismo, que fue liberada el 18 de marzo del presente año y posteriormente el 5 de abril fuera detenida nuevamente; se indicó que durante la segunda detención, elementos de esa corporación policiaca.
“La llevaron a sus instalaciones donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado; cabe resaltar por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y torturado”, policía sobrino del secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, Ernesto Munro Palacio.
La CNDH expone que una vez concluida está investigación, confirmó que con su conducta, los servidores públicos mencionados violaron el derecho a la legalidad, seguridad jurídica y derecho a la libertad personal de las víctimas.
“El Gobierno de Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se restablezcan su salud física y emocional”, aduce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Finalmente el organismo demandó al Gobierno del Estado capacitar a servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo del Estado y de la Policía Estatal Investigadora, para que toda actuación se practique con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, y se abstengan de realizar detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y actos consistentes en tortura física, mental o de cualquier otro tipo.
En diciembre del 2013, después de la “cacería de brujas” que se gestó al inicio de la administración estatal y que se recrudeció al final del 2012, dos casos cimbraron la conciencia colectiva en Sonora y trascendió a las esferas del Gobierno de la República y a espacios informativos internacionales:
La muerte de “La China” y la tortura a Gisela Peraza, la empleada doméstica del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, casos donde la constante son la política y la tortura que lleva a ambas mujeres a convertirse en dos víctimas del poder en Sonora.
Caso Gisela Peraza
El caso de Gisela Peraza Villa se convirtió en un asunto político y por eso fue trasladada a Huatabampo, dijeron el 6 de junio del 2011 a Dossier Político Eloísa Villa Luna, y Delma Peraza Villa, madre y hermana de Gisela, respectivamente.
“Un comandante del Cereso de Hermosillo, me dijo que se hizo un caso político y por eso la habían trasladado para Huatabampo el domingo.
“Nos mandaron a la Dirección General de los Ceresos para que habláramos con un licenciado Walterio, un hombre que nunca nos quiso recibir; luego fuimos a Huatabampo y ahí no nos dejaron que viéramos a Gisela, para nosotros ella está secuestrada porque lo que están haciendo no está bien”, manifestó Delma
Manifestó que su hermana tiene derecho a hacer una llamada telefónica, de tener un abogado, de que se le visite y todos estos derechos los están violando, recalcó.
Por su parte, la señora Eloísa mostró a Dossier Político las fotos que, dice, son las pruebas que tienen de que Gisela sí fue golpeada.
“Fueron tomadas cuando mi hija se encontraba arraigada, las tomaron con un celular que logramos meter al lugar en que la tenían y fueron tomadas en el interior del baño”, dijo la angustiada madre.
“A mi hija la envolvieron en con una cobija para que no se le notaran los golpes por eso es que únicamente se le ven en los pies y un poco de la pierna, pero además el Primer Visitador Aldo Saracco le tomo unas fotos y el vio a mi hija golpeada”, expuso.
“En ningún momento la vi golpeada ni tengo fotos de ella”: Saracco
Ante los señalamientos directos por parte de los familiares de Gisela Peraza Villa, Dossier Político buscó al Primer Visitador de la CEDH, Aldo Saracco Morales para cuestionarlo al respecto.
“Cuando ella vino a interponer la queja el 18 de marzo, nos manifestó que los hechos sucedieron el 13 de marzo y en ese momento yo no le vi ninguna lesión, no tenía muestras del ahorcamiento que ella dice que ocurrió, no me mostró ninguna lesión y yo no tengo fotografías de ella, el médico de aquí (de la CEDH) Carlos Félix Durazo y Diana Gastélum, la vieron el 18 de abril y le aplicaron el protocolo de Estambul, que es con el que se establece si la víctima sufrió algún tipo de tortura y en ese momento ella no mostró evidencias de haber sido torturada”, externó el funcionario.
Saracco Morales, hizo hincapié en las fechas ya que, señaló, es la primera situación que no concuerda con lo que señala Gisela.
“Ella se presentó el 18 de marzo a interponer la queja de unos hechos que ocurrieron el 13 de marzo, o sea cinco días después, pero dos semanas antes de que se le decretara el arraigo que fue el 5 de abril”, dijo.
Después de que Gisela presentó la queja en la CEDH el gobernador Guillermo Padres y su esposa Iveth Dagnino de Padrés interpusieron la denuncia correspondiente, la Procuraduría General de Justicia en el Estado realiza las investigaciones y días después la detuvieron para arraigarla.
En este sentido el funcionario de la Comisión quiso dejar en claro que en caso de que se llegue a acreditar que efectivamente hubo algún tipo de tortura sería por parte de elementos de la Policía Estatal Investigadora.
“En forma mediática han tratado de desvirtuar la participación del gobernador Guillermo Padrés y su esposa y ellos en ningún momento participan, no son autoridades que estén involucradas en el caso, ellos lo único que hicieron fue denunciar el hecho ante las autoridades y en este caso la responsable sería la Procuraduría General de Justicia del Estado o sus elementos de la Policía Estatal Investigadora”, recalcó
Sin embargo apuntó que no se trata de especular, en cuanto a si hubo tortura o no por parte de los agentes, debe haber una evidencia y el artículo 43 es muy claro y lo restringe a probar lo que se dice
“Muchas veces este tipo de cuestiones se dan en lo oscurito, es decir la tortura se pueden practicar y no dejar lesiones es por eso que nosotros nos apoyamos en el Protocolo de Estambul, de esto se desprende que no estamos favoreciendo al gobierno o a la procuraduría, sino que es un organismo completamente ajeno el que realiza los estudios de este protocolo, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que son ellos los que tienen la estructura para hacerlo y en el caso de Gisela, reitero, no se acreditó que tuviera las condiciones de una persona que fue torturada” apuntó.
Explicó que el Protocolo de Estambul consta de tres etapas, una es la investigación jurídica, otra la cuestión médica y la tercera son los estudios psiquiátricos.
“Se trata de un programa hecho por la Organización de las Naciones Unidad y adoptado por México”, explicó.
“Con esto quiero decir que no se trata de lo que diga Aldo Saracco, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que finalmente es sólo una tercera parte de todo lo que representa el Protocolo, uno como autoridad tiene que respetar la legislación y a suplencia de la ley local están los tratados internacionales. Repito, no es Aldo Saracco el que lo está diciendo. Yo no lo decido. Es el protocolo en su conjunto, el que no acreditó que Gisela fue torturada”, externó.
Al preguntarle al Primer Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acerca de las fotografías que presentó la madre de la afectada indicó que en ellas se ve que trae los pies golpeados pero todavía se tiene que acreditar que éstas lesiones fueron hechas como consecuencia de una tortura.
Al hablar del estado actual del caso, indicó que se abrirá el abanico de la investigación para ver la situación que se está dando en el Cereso de Huatabampo y se va a comisionar a la Visitadora Adjunta para que investigue la incomunicación que existe y el por qué fue trasladada a ese lugar.
“La CEDH no se ha cerrado a la familia ni se encuentran en estado de indefensión”, finalizó.
Pero el 11 de noviembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 54/2013, dirigida al Gobierno del Estado de Sonora por el caso de Gisela Peraza, la trabajadora doméstica que fue acusada de robo en la Casa de Gobierno y que fue torturada por agentes de la PEI y cabe resaltar por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y torturado.
Mediante un comunicado emitido por la CNDH se informó que “la mujer que laboraba como ama de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y retención arbitraria, por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía Estatal Investigadora.
El organismo asegura que Gisela Peraza “fue acusada de haber robado una maleta con dinero, razón por la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”.
Asimismo, que fue liberada el 18 de marzo del presente año y posteriormente el 5 de abril fuera detenida nuevamente; se indicó que durante la segunda detención, elementos de esa corporación policiaca.
“La llevaron a sus instalaciones donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado; cabe resaltar por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y torturado”, policía sobrino del secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, Ernesto Munro Palacio.
La CNDH expone que una vez concluida está investigación, confirmó que con su conducta, los servidores públicos mencionados violaron el derecho a la legalidad, seguridad jurídica y derecho a la libertad personal de las víctimas.
“El Gobierno de Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se restablezcan su salud física y emocional”, aduce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Finalmente el organismo demandó al Gobierno del Estado capacitar a servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo del Estado y de la Policía Estatal Investigadora, para que toda actuación se practique con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, y se abstengan de realizar detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y actos consistentes en tortura física, mental o de cualquier otro tipo.

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