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Politica Regional

10En 2015, “Ley Neblina”: Abogado Marco Antonio Andrade, quien ajeno a partidos políticos, siendo hombre de la Sociedad Civil, advierte en esta interesante investigación jurídica-política, que de hoy en adelante todo funcionario público que busque un cargo de elección popular deberá respetar la Ley Electoral de Sonora

   Los actos denunciados y las sanciones impuestas al diputado local Javier Neblina Vega tienen un origen singular que, mucho más allá de las valoraciones políticas personales o partidarias, son consecuencias naturales derivadas de una inadecuada planificación operativa, pero sobre todo, devienen de un criterio muy especial de las autoridades electorales locales que, no obstante haber servido como fundamento principal para sancionarlo, podría favorecerlo en los próximos juicios ante el poder judicial federal.
En la lógica de aportar una opinión objetiva, es indispensable identificar la naturaleza jurídica de las sanciones aprobadas por mayoría de los magistrados del tribunal estatal (TEETI) para conocer precisamente los efectos legales y políticos que producen, dice en una amplia investigación el reconocido jurisconsulto sonorense, Licenciado Marco Antonio Andrade, este, un hombre muy conocido por su rectitud y pulcritud en sus actividades de la abogacía, ajeno a los intereses de los partidos políticos, siendo en toda la extensión de la palabra un hombre de la Sociedad Civil.
La ley en la materia define el concepto y los plazos en que legalmente pueden realizarse actividades de precampaña, mismas que se rigen, en primer lugar, por los Estatutos y acuerdos internos de cada partido, y en segundo término, por las disposiciones generales del código y acuerdos del Consejo (CEE), aclara el prestigiado abogado, a quien Neblina Vega no puede señalarlo o acusarlo de servir a interés “oscuros” de corte partidistas, así que el niño mimado de Palacio de Gobierno ni para donde hacerse.
La inhabilitación de 2 años determinada por el Tribunal para ocupar cargos públicos de elección, excluye puestos por designación o nombramiento, son sanciones estrictamente electorales, las cuales no tienen el alcance de afectar las funciones actuales, ni tampoco para destituir o suspender del cargo a diputados locales, mismas que son aplicables únicamente cuando se trata de servidores públicos activos de cualquier nivel de gobierno. La multa se paga, mientras que la inhabilitación opera hacia el futuro. Las sanciones electorales se aplican normalmente a posteriori.
Cuando el ahora diputado fue denunciado en 2011 por probables actos anticipados de precampaña, reiterados de nueva cuenta en 2012, era Secretario Estatal de Desarrollo Social, cuyo carácter le agrava la situación en términos de ampliar sus responsabilidades, ya que un servidor público puede ser destituido, suspendido, multado o inhabilitado por actos anticipados, como sanción electoral, y adicionalmente, enfrentar  responsabilidades administrativas o penales. Son procedimientos autónomos y sanciones independientes entre sí.
El Secretario Neblina, aunque ya no existe, sigue siendo sujeto sancionable como ex funcionario, independientemente que se confirmen o revoquen las sanciones actuales, por no operar a su favor la prescripción de las responsabilidades colaterales en que supuestamente incurrió. Si promueven nuevas acciones en su contra, el futuro es, sencillamente complicado, así que, esto ya de parte del columnista, más le vale al nuevo ricachón que se construyó un palacete en el exclusivo Fraccionamiento Los Lagos, aguantar vara y esperar nuevos tiempos políticos-electores después del 2015.
Empero, es fundamental puntualizar que el cambio de situación jurídica ocurrida el 16 de septiembre de 2012, en que protestó su cargo actual, cambio diametralmente los efectos de las sanciones y  también las consecuencias jurídicas electorales del señor Neblina Vega, cuyo hermano, un jovencito, por cierto, es diputado federal pluri, obvio, recomendado por el a su amigo el gobernador Guillermo Padres, es decir, los Neblina han hecho de la actividad política un negocio.
Ahora bien, es importante destacar que el código electoral local tiene una deficiencia sustantiva que consiste en omitir la sanción específica aplicable a servidores que hayan cometido infracciones, sostiene el abogado Andrade, a quien por supuesto el descalabrado de Javier Neblina no ha de poder ver no en pintura a raíz de estas consideraciones jurídico-electorales sumamente sustentadas, así que al cara de niño pudiera estársele cayendo su ansiada y enfermiza obsesión de ser alcalde de Hermosillo o Diputado Federal de la Legislatura 2015-2018.
Cierto que  determina que actos son considerados infracciones, quienes son los sujetos sancionables y las sanciones aplicables a cada uno de ellos. Comprende a los partidos, aspirantes, precandidatos,  candidatos, autoridades, notarios, extranjeros, concesionarios de radio y televisión, sindicatos, iglesias y ministros religiosos, pero, no establece que sanción corresponde a los servidores. Contempla las infracciones y los responsables en forma enunciativa, pero, tratándose de servidores, no incluye la sanción correspondiente.
Esta omisión, aunada al cambio de situación jurídica determinante ante referido, genera la probabilidad de que el poder judicial federal revoque la sentencia que inhabilito por 2 años al ex secretario, ya que las hipótesis aplicadas por el CEE y el Tribunal, no corresponden, como sanción electoral, a servidores públicos.
FALLAS ESTRATEGICAS DEL EX SECRETARIO.
1.- No haber argumentado el cumplimiento del régimen obligatorio de facultades y de responsabilidades institucionales, como Secretario de Desarrollo Social, para realizar actos públicos, difusión de actividades oficiales y publicación de resultados de los programas sociales y de las políticas públicas  de Sedesol. No hacerlo sería causal de responsabilidad administrativa.    2.- No haber enfatizado que los trabajos oficiales y las actividades públicas de un funcionario no pueden estar sujetas en forma permanente a la presunción de realizar actos electorales o pre-electorales, así como tampoco a considerarlos siempre como actos de precampaña o de propaganda de precampaña. Si esto fuera valido, ningún funcionario pudiera realizar ni cumplir las metas y objetivos de los programas sociales o de aquellas acciones establecidas en los presupuestos de gasto o inversión, con el riesgo consabido de ser multado, destituido, suspendido o inhabilitado electoralmente.
3.- Sostener que las responsabilidades administrativas y la ejecución de programas sociales son obligaciones  irrenunciables, mientras que sus derechos civiles y políticos como ciudadano militante, no como funcionario público, son también irrenunciables.
4.- No haber fundamentado la improcedencia de las denuncias por extemporáneas y por presunción de actos electorales anticipados, considerando que los trabajos del secretario están regulados por su propia normatividad interna, sin impedimento para ejercer funciones como responsable del Desarrollo Social, conforme a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y por las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades.
Lo anterior incluyendo que las actividades de dicha Secretaria son de orden público, según la Ley de Asistencia Social. El CEE debió observar esto y determinar la improcedencia de las denuncias o concluir que el procedimiento con un apercibimiento. El TEETI, por su parte, aplicó un criterio muy elástico en su resolución.
CONCLUSIONES:
El señor  Neblina fue denunciado y procesado como servidor público, pero, sancionado como ciudadano común. Error jurídico fundamental. No se advirtió la diferencia entre infracciones específicas y las sanciones correspondientes en forma individual a los sujetos sancionables. Contravinieron los principios de legalidad y certeza electoral, nada más.
Las sanciones aprobadas por el TEETI no son definitivas por que pueden impugnarse ante la sala regional del TEPJF, aunque tampoco son las únicas aplicables, en razón del carácter de servidor público que el señor Neblina tenia al momento de ser denunciado en 2011 y 2012, cuyas responsabilidades no han prescrito. Los denunciantes pueden promover, independientemente de que se confirme o revoque la inhabilitación, nuevas acciones por responsabilidad administrativa ante la Contraloría o de carácter penal ante la Procuraduría de Justicia Estatal.
El Diputado Neblina no es sujeto, por sanción electoral, de destitución ni suspensión del cargo actual. En Sonora no existe antecedente alguno de destitución, inhabilitación, suspensión o enjuiciamiento de ningún diputado, como tampoco de un secretario o ex secretario. El gobernador Biebrich no fue destituido, renunció en 1975. A Sara Valle le fue revocado el mandato como Presidenta Municipal de Guaymas en 1988.
La importancia fundamental de este juicio radica en configurar un precedente que podrá ser utilizado en forma recurrente en contra de la diversidad de los actuales aspirantes que ocupan cargos públicos. Aunque el proceso electoral inicia, teóricamente, en octubre de 2014. Apenas estamos en 2013, para 2015, falta mucho, más claro ni el aguas estas oportunas consideraciones del licenciado Marco Antonio Andrade a las que denomino “2015, la Ley Neblina”.
Correo: Alberto_camacho1@yahoo.com.mx

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